Que la producción necesita mensajes claros es evidente, pero a poco de comenzar la siembra de trigo este factor, que se podría definir como básico, es cada vez más urgente. Esta es la idea que estará en juego en los próximos días con la realización del congreso “A Todo Trigo”, en Mar del Plata, que retornará a su formato presencial tras la pandemia. “Necesitamos que alguien dé un mensaje de tranquilidad”, dijo Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores, entidad que organiza el encuentro, a La Nación.
Este pedido aparece por las disputas internas del Gobierno. El ala dura del kirchnerismo puja desde hace varios meses por el aumento de los derechos de exportación para los granos. Tiene la teoría de que tras la invasión de Rusia a Ucrania hubo un aumento en el precio de las commodities y que el campo está obteniendo una “renta inesperada” dado que los países en conflicto lideran el comercio internacional de trigo y aceite de girasol y particularmente el país agredido es uno de los productores más importantes de maíz.
Tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se opusieron a ese reclamo porque entendieron que una nueva suba de las retenciones no haría otra cosa que frenar al principal sector de la economía que genera los dólares por exportaciones de bienes.
En el enfrentamiento abierto, no pasa semana en la que un dirigente o funcionario nacional del ala dura del kirchnerismo no reclame esa medida. Algunos lo expresan con un propósito claro. “No es adecuada la negociación perpetua; es necesario establecer niveles de confrontación”, dijo Guillermo Wierzba, economista y director del Banco Nacion. “Es inadmisible que en el marco de la guerra y con los beneficios que han tenido en los últimos años haya sectores que se resistan al desacople de los precios internacionales de los productos agropecuarios con las retenciones”, añadió en declaraciones a eldiarioar.com. Así, desde el principal banco del Estado, que también es un actor clave en el financiamiento de la campaña triguera, se promueve el castigo a la producción. Ya no sorprende nada.
Es en ese contexto que se encara la campaña triguera 22/23 que, según las primeras estimaciones, tendría una leve caída de 3% en el área sembrada respecto del récord del ciclo pasado de 6,7 millones de hectáreas.
“No se puede ver solo el precio sin analizar los aumentos de los insumos como los fertilizantes y los agroquímicos”, sostiene Rivara y advierte que este factor más los problemas como la escasez de gasoil y de fertilizantes pueden influir en una eventual caída del área sembrada con el cereal. “No pueden decir que todo es por la guerra, me consta que desde octubre de 2020 se vende gasoil por cupos; los funcionarios tienen que ver lo que pasa más allá del AMBA”, añade. “El país necesita que ingresen dólares, no se puede restringir al agro”, sostiene.
El mensaje que resonará en “A Todo Trigo” tendrá receptores del Gobierno. Están confirmadas en el encuentro las presencias del ministro Domínguez y del ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez. Además, según adelanta Rivara, en el encuentro se analizarán cuestiones técnicas y de mercados y habrá un debate con directivos de Bioceres, que desarrollaron el trigo resistente a sequía HB4, modificado genéticamente, al que le pusieron reparos tanto acopiadores como exportadores por su autorización y comercialización.
En el congreso, Domínguez puede exhibir un carta favorable: promovió la apertura de declaraciones de exportación del cereal para la próxima campaña de forma tal de otorgar una señal de certidumbre para la producción. Ya hay anotadas 8,1 millones de toneladas aunque efectivamente con ventas poco más de tres millones de toneladas, de las cuales tienen precio firme poco más 1,3 millones, según datos de Agricultura, tal como publicó www.lanacion.com.ar/economia/campo/.
A su vez, en el sector privado, las posiciones oscilan entre quienes toleran el sistema de “volúmenes de equilibrio” como un mal menor y quienes lo rechazan de plano porque interpretan que se trata de una intervención en los mercados. “No podemos darnos el lujo, como está el país, de que se importe 1,5 millones de toneladas de trigo si llega a faltar mercadería”, argumentan los defensores de la medida. “Es otra transferencia de los productores al resto de los eslabones de la cadena”, afirman quienes se oponen.
Más allá de la polémica, unos y otros están unidos por la exigencia de la creciente demanda global de alimentos. Y eso requiere de mensajes claros.